Aún si se juzga con mirada benevolente la proyectada “Ley General de Educación”, creo que en el debate legislativo que se aproxima habrá que introducirle grandes cambios que la hagan pasible de un consenso generalizado. Comenzando nada menos que por sus presupuestos filosóficos, que cometiendo un importante error señalan como el objetivo principal de la educación a la justicia, postergando o condicionando como valores a trasmitir, la libertad y la democracia, ambas subordinadas a la primera, cuando, como bien enseña Rawls, son éstas últimas las que generan el ámbito institucional que permite la instauración de la justicia así como definen su cambiante naturaleza.

La justicia en una sociedad refiere al modo en que las instituciones colectivas más importantes, distribuyen los derechos y deberes fundamentales, así como determinan y asignan las ventajas en bienes y recursos provenientes de la cooperación social. Esta distribución de bienes espirituales y materiales sólo será adecuada si las instituciones que la realizan están sometidas a la soberanía ciudadana, lo que únicamente ocurre en una democracia. De otro modo la justicia no resultará producto de la deliberación racional de los integrantes de la sociedad, sino será impuesta dogmáticamente desde afuera, como producto de un saber a-priori, ajeno a la voluntad ciudadana. Por ello no es válido, como tantas veces ha ocurrido en la historia, sacrificar o postergar la democracia en nombre de la justicia, sometiendo a ésta a la arbitrariedad del gobernante de turno o al dogmatismo de una concepción ideológica de ella.

El tema no es para nada menor porque refiere al verdadero sentido de la educación, que además de la trasmisión de conocimientos y destrezas, debe atender, especialmente en sus fases primarias y medias, a la formación de hombres y mujeres con espíritu independiente, tolerante, fraterno e igualitario, esto es a ciudadanos moralmente autónomos, aptos para el arduo ejercicio de tramitar la democracia. Por eso no se trata únicamente de educar sino hacerlo mediante una educación democrática.

Pero las objeciones que merece el proyecto no se detienen en estos graves errores filosóficos que ameritan un debate parlamentario atento y muy profundo; también se relacionan con la propia estructura institucional que diseña, la que, bajo la atendible preocupación por la participación, concluye en una floración de órganos de decisión y asesoramiento en todos los niveles, que atenta contra su aptitud para regir eficazmente la educación.

No solamente, como dijimos, en lo referido a sus bases filosóficas, esto es a los principios últimos en que se apoya el nuevo modelo educativo, sino en la desordenada proliferación de órganos de decisión y asesoramiento que esta propuesta, bajo la atendible bandera de la participación, sanciona en todos los niveles.

Tanto que ni siquiera luego de un estudio atento de la misma, resulta fácil, por el entrecruzamiento y superposición de competencias y organismos, imaginar su funcionamiento real. Por más que abone la impresión que queriendo descentralizar la educación para ganar agilidad en su gestión, se hubiera concluido en una maraña burocrática ineficiente que, paradojalmente, mantiene a la ANEP como gran centro decisor.

La propuesta, más allá de las repetidas declaraciones de propósitos, algunas compartibles y otras discutibles, pero de escaso efecto jurídico, me temo que lleve a repetir en sus grandes líneas, el ineficiente modelo vigente, con cambios más retóricos que reales. Todos sabemos que el viejo sueño batllista de modificar la realidad sancionando leyes, no siempre obtuvo resultados, por más que desde ya admito, siendo hincha como soy del Uruguay del primer Pepe, que en este campo soy cuidadoso en la evaluación y que más de una venerable tradición nacional supone una ley en sus orígenes.

El socorrido paradigma que el cambio social comienza por la educación, que hasta hace poco parecía incontrovertible, hoy admite fisuras y escepticismos. Parecería que la marginación, esa nueva Edad Media de la posmodernidad, tan presente en las sociedades latinoamericanas (incluyendo la uruguaya), fuera capaz de arrastrar a la propia educación, convirtiéndola, en ciertos barrios periféricos o no tanto, en uno de los campos de enfrentamiento entre los neo-marginados y los que todavía, aferrados a la nostalgia del país mesocrático, se resisten al proceso.

El hecho que aparezcan estudiantes que únicamente concurren a los centros educativos para cobrar la asignación familiar o algún otro beneficio social, absolutamente convencidos que de nada les sirve aprender, y que la práctica de la violencia otorga prestigio social, es uno de los más claros emergentes de ese proceso, signado por los símbolos crecientes de un choque de culturas que trasciende las tensiones generacionales. Un enfrentamiento manifiesto en estilos de vestimentas, peinados, lenguajes, cada vez más divergentes y, en definitiva, en concepciones del mundo y de la vida; esbozando un fenómeno de fragmentación cultural en ciernes, que difícilmente se solucionen únicamente desde la educación y mucho menos con sus actuales pautas.

Es natural por lo mismo, que nadie pretenda que la ley otorgue soluciones definitivas a problemas sociales de tanta densidad y arraigo. Algo sin embargo, es necesario comenzar a hacer. La propia función de los centros educativos, su autonomía y su proyección barrial, debe ser materia de análisis e intentos de reforma, otorgándoles una trascendencia, que debería reflejarse en el texto. Pero sobre ello, nada dice este proyecto, trabado por la timidez, el verbalismo y un burocratismo que exige autorización hasta para adquirir un lápiz. Como si la imaginación, tan necesaria en estas coyunturas de crisis, fuera un bien ausente.

Por otro lado, frente a la pretensión de regular la totalidad de la educación ¿qué explica que la Universidad, sin desmedro de su autonomía, quede totalmente afuera de la nueva regulación? ¿Por qué la competencia del ente educativo, establecidas por el Art. 202 y s.s. de la Constitución, son desconocidas, a favor del MEC., en el caso de la “Educación en la Primera Infancia”?

Pero estas omisiones e inconstitucionalidades, con ser importantes, no son lo único objetable en este proyecto, que debería ser de todos pero del que una parte ínfima de la sociedad, alegando sus roles, procura apropiarse. La tentación corporativa, rampante en las Asambleas y encuentros que antecedieron la propuesta (según la cual las corporaciones docentes y de funcionarios, ambos exclusivamente del ámbito estatal, por ser tales, tienen saberes ético-políticos que les otorga el privilegio de gobernar la educación primaria y media uruguaya), está claramente presente en el anteproyecto.

Lo cual, más allá de sus resabios fascistas, es revelador de una concepción que reduce la educación exclusivamente a la transmisión de conocimientos especializados - única credencial que podrían alegar los educadores estatales, pese a que resulta obvio que no la monopolizan -, ignorando sus restantes funciones como formadora de ciudadanos democráticos, un campo donde ninguna exclusividad les asiste. Y que a su vez revela lo descaminado que supone equiparar la educación primaria y media con la universitaria, donde por la edad de los educandos, la función de trasmisión de conocimientos y pericias, prima sobre la dimensión cívico formativa, justificando los principios autonómicos y de co-gobierno.

La concepción defendida por los gremios, y en gran medida recogida en el proyecto, ignora casi absolutamente a la enseñanza privada, como si su aporte poco interesara excluyéndola de cualquier instancia participativa. Algo igualmente manifiesto en la exigencia que los cargos de dirección sólo puedan ser desempeñados por personas con diez años de vinculación con la educación pública (que para este proyecto equivale a estatal), inhabilitando para ellos a la mayoría de la ciudadanía, sean cuales sean sus conocimientos o sus méritos docentes. O en la exigencia que las decisiones más gravitantes de la ANEP requieran cuatro votos en cinco, otorgando a los docentes estatales un veto encubierto.

Las aspiraciones, explícitas en el anteproyecto, son la de durar treinta años, esto es el equivalente a seis períodos de gobierno. Con esta ambición temporal, debería ser ilusorio pensar que la ley se sancione únicamente con los votos del oficialismo. Sería tanto como consagrar una norma que excluye de la dirección de la enseñanza a la mayoría de la sociedad civil y reduce las potestades de la sociedad política en sus funciones de dirección y orientación sobre la educación de las futuras generaciones de uruguayos, durante más de tres decenios. Pero además, supongamos, lo que no resulta ilusorio, que la nueva administración no correspondiera al actual partido de gobierno, en tal caso las posibilidades de derogación total o parcial de una ley impuesta coactivamente, resultan altamente probables. ¿Ante ello no es preferible una ley políticamente consensuada, respaldada por grandes mayorías ciudadanas y con participación de todos, en un tema que a todos atañe?